El 60% de los inquilinos sufrió algún tipo discriminación

En el día de ayer el Movimiento Patria Grande presentó los resultados de la primera encuesta tandilense sobre inquilinos, que realizó en el marco de la campaña Por un Alquiler Justo desde el 1 de abril hasta el 19 del corriente sobre un universo de 1264 personas, de las cuales un 65 por ciento son mujeres.

Uno de los datos más relevante del informe tiene que ver con las preocupaciones de quienes alquilan. En este sentido la encuesta demostró que el 36 por ciento de los encuestados tiene como una de sus principales preocupaciones al precio del alquiler y, a su vez, el 41 por ciento manifestó que las condiciones de ingreso es otro de los problemas a la hora de alquilar.

En relación con la franja etaria, detallaron que el 69,4 por ciento de las personas que respondió el sondeo tiene entre 20 y 35 años, lo que demuestra que la problemática tiene como principal sujeto afectado a las franjas más jóvenes de la población. Por otro lado, el 25,2 por ciento tiene entre 35 y 50 años, lo que da cuenta de la gran dificultad de acceder a una vivienda propia a lo largo de la trayectoria de vida, expusieron desde Patria Grande.

Sobre el tiempo de alquiler, en tanto, el 62,9 por ciento de los encuestados alquila hace más de cinco años, símbolo también de la “eternización del alquiler”. Respecto a los ingresos, el 54 por ciento de las personas que respondió afirmó que el alquiler mensual les representa entre el 20 y el 40 por ciento de su salario, y el 39 por ciento más del 40.

Por otro lado, el 66 por ciento de los encuestados manifestó que sufrió algún tipo de discriminación a la hora de alquilar, siendo de las causas más importantes la de tener niños, mascotas o por movilidad reducida.

Otro aspecto a resaltar es que el 93 por ciento de los inquilinos que respondió la encuesta cree que no hay control por parte del Estado para el cumplimiento real y efectivo del marco legal que regula la actividad inmobiliaria. A su vez la percepción del 85,9 por ciento es que el Estado en cualquiera de sus niveles no posee políticas para defender al sector. Finalmente, el 67 por ciento de los encuestados no conoce sus derechos como inquilino.

Las cifras finales fueron dadas a conocer en conferencia de prensa por el referente de Patria Grande e impulsor de medidas para proteger al sector en la ciudad, Juan Arrizabalaga, y Gisela Giamberardino, también de la organización.

En primer lugar, Arrizabalaga recalcó que la encuesta tuvo como principal objetivo continuar poniendo de relieve la problemática de quienes alquilan en la ciudad y al mismo tiempo plantear propuestas que aporten a su resolución.

Sobre la encuesta, precisó que fue respondida por un total de 1264 personas, un universo que consideró “importante y de alguna manera representativo de la cantidad de inquilinos en la ciudad”, aunque reconoció que no deja de ser una estimación, ya que no hay estadísticas oficiales.

Por su parte, Giamberardino detalló que el sondeo fue contestado “por un número importante de jóvenes -entre 20 y 35 años- que alquilan y, en segundo lugar, hasta los 50 años”.

Otro dato que consideró relevante es que “más del 60 por ciento de los encuestados es mujer y esto tiene que ver con los arreglos familiares y con que somos muchas veces nosotras las que tenemos que encargarnos también de conseguir un lugar adecuado donde pasar nuestra vida cotidiana”.

Sostuvo que “eso también se suma al fenómeno de la feminización de la pobreza, es decir, que es más alto el porcentaje de mujeres que trabajan en negro o que tienen dos o tres trabajos más pequeños, y en eso se evidencia la dificultad que tenemos también para demostrar ingresos”.

Sobre las principales preocupaciones manifestadas, confirmó que los encuestados coincidieron en que “tienen que ver con los dos o tres meses de garantía” y, a su vez, en que “no habría por parte del Estado municipal un control en relación a lo que piden las inmobiliarias o la gente que alquila de manera particular”.

Por último y en base a los resultados obtenidos, Arrizabalaga insistió en la necesidad de que “el Estado tenga políticas públicas para el sector, que en realidad ya se están discutiendo”.

En concreto, detalló que “a nivel nacional, logramos la media sanción en el Senado de la nueva Ley de Alquileres, y en Tandil hemos elevado algunas propuestas, entre ellas, la creación de la Defensoría de Inquilinos, dependiente del Municipio de Tandil, y del Banco de Garantías para que todos los vecinos que tengan dificultades para acceder a una garantía propietaria, puedan utilizarlo”.

Arrizabalaga confió en que “es posible avanzar y si logramos hacerlo en un año no electoral va a ser muy positivo porque es donde se pueden tomar decisiones trascendentes”.

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