CARTA ABIERTA A CFK POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

Ante la llegfotoabortoada de un nuevo Día Internacional de las Mujeres el próximo 8 de marzo, y frente a las declaraciones contradictorias del ministro de Salud y el jefe de Gabinete, redactamos esta carta dirigida a la presidenta de la Nación con respecto al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Te invitamos a leerla y acompañarla con tu firma ingresando tus datos en el formulario de más abajo.

8 de Marzo de 2015, Argentina.

Presidenta de la Nación de la República Argentina.

Dra. Cristina Fernández de Kirchner.

En el Día Internacional de las Mujeres, las organizaciones feministas, sociales, políticas, sindicales, académicas, culturales, de derechos humanos, y personalidades firmantes, queremos hacerle llegar de manera respetuosa hacia su persona e investidura, nuestra preocupación en relación a una histórica deuda de la democracia argentina para con las mujeres, y que no ha sido saldada durante la década que la tuvo y tiene como máxima autoridad política del país; la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, y con ella el acceso de las mujeres a abortos legales, seguros y gratuitos.

Sabemos de su posición personal respecto al dilema singular que enfrenta cada mujer en la situación de alojar en su cuerpo un embarazo que no desea continuar, pero no es el cuestionamiento de convicciones morales o religiosas personales lo que nos moviliza a dirigirnos a usted con esta carta, sino el debate democrático sobre la construcción de políticas públicas y legislaciones que reconozcan, amplíen y respeten los derechos humanos; en éste caso de las mujeres y otras identidades de género con capacidad gestacional.

El aborto es una práctica milenaria a la que las mujeres de todo el mundo recurren, cualesquiera sean las políticas restrictivas vigentes, cada vez que se sorprenden transitando un embarazo que por infinidad de causales, no pudieron prevenir ni evitar, y que no desean continuar.  La penalización de esta práctica, no resuelve el pretendido conflicto de intereses entre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y el derecho a la vida en gestación, ya que cuando ésta última no es deseada por la única sujeta en condiciones de otorgarle viabilidad, su interrupción es realizada aun suponiendo un grave riesgo para la salud y la vida de la mujer gestante. La penalización del aborto, por tanto, no es una política eficaz para defender esa vida en gestación, constituyéndose en cambio, en una política de criminalización de la posibilidad de las mujeres de ejercer plena soberanía sobre su capacidad reproductiva, siendo condenadas a la estigmatización social, sometidas a prácticas clandestinas e inseguras a consecuencia del abandono estatal, y encontrándose expuestas a una muerte evitable.

Las complicaciones por abortos inseguros son la principal causa directa de mortalidad de mujeres gestantes (mortalidad materna) en Argentina. Sólo otros dos países de la región latinoamericana (Jamaica y Trinidad Tobago) presentan este mismo cuadro de situación, donde las complicaciones relacionadas con el aborto superan el 30% del total de muertes maternas (OPS, 2007).

A pesar de los esfuerzos realizados a través del Plan Federal de Salud (2007-2011) y el Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad Materno Infantil de las Mujeres y de las Adolescentes (2009), con el norte de aproximarse a lo establecido en el punto 5 de los Objetivos para el Desarrollo del Milenio, estaremos lejos de llegar a cumplirlo. Tenemos una tasa de mortalidad materna 2,5 puntos más de lo que nos comprometimos a tener para esta fecha, y esto se explica, fundamentalmente, porque ningún “paquete de intervención” para reducir este cuadro crítico puede ser realmente efectivo si no incluye políticas integrales de acceso al aborto seguro, de las que deberían formar parte su despenalización y legalización.

Como indica la CEPAL (2013) “La mortalidad materna en la región es probablemente uno de los mejores indicadores de la desigualdad y la discriminación que afecta a las mujeres (…) La posibilidad desigual de acceder a los servicios de anticoncepción, interrupción del embarazo y otras necesidades relacionadas con el ejercicio de la autonomía de las mujeres tiene consecuencias mortales para quienes no pueden recurrir a la atención privada y peor aún si además deben hacerlo en un contexto de penalización”.

Además de una grave violación a los derechos humanos de las mujeres, la penalización del aborto se constituye en una política institucionalizada de violencia contra las mujeres y su autonomía, y en un factor de profundización de las inequidades y discriminaciones entre mujeres. Esto es así ya que será en función de su pertenencia de clase, étnica, regional y religiosa, que puedan o no sobrevivir al acto de resistir parir en contra de su voluntad.

Nuestro país, a través de su participación y suscripción al Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013), acepta “que la mortalidad materna es una afrenta a los derechos humanos y que las muertes maternas en su abrumadora mayoría son prevenibles (…) conociendo que algunas experiencias en la región muestran que la penalización del aborto provoca el incremento de la mortalidad y morbilidad maternas y no disminuye el número de abortos, todo lo cual aleja a los Estados del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.

Este mismo Consenso establece como acuerdo nro. 42 (sobre Acceso universal a la salud sexual y reproductiva); “Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados, e instar a los demás Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos”.

Siguiendo las estimaciones anuales, durante sus dos mandatos presidenciales se habrán realizado entre 2,8 y 4 millones de abortos en la Argentina; más de 560 mil mujeres habrán sido hospitalizadas por problemas de salud vinculados a abortos inseguros, y cerca de 2400 mujeres habrán perdido la vida por causas relacionadas con el aborto inseguro, el embarazo, el parto y el puerperio.

Si las muertas no son más, es gracias al compromiso de quienes desde el activismo feminista y los efectores de salud acompañan a las mujeres que quieren abortar con misoprostol, para que puedan hacerlo de forma segura. La producción nacional de este medicamento esencial – recomendado por la OMS y la OPS entre otros-  para uso gineco-obstétrico, garantizando su provisión gratuita en los servicios públicos de salud, la legalización de la mifepristona, la despenalización institucional y social del aborto formando y sensibilizando a profesionales y trabajadores/as en la problemática,en conjunto con la implementación real y sistemática de la Educación Sexual Integral y el acceso a todos los métodos anticonceptivos en todas las provincias del país, deben ser parte de las políticas integrales de reducción de la mortalidad materna y de cumplimiento de los derechos humanos, sexuales y (no) reproductivos de las mujeres.

La despenalización y legalización del aborto debe ser debatida y aprobada en el Congreso de la Nación. Difícilmente vaya a darse este paso -ansiado por las más de trescientas organizaciones que integran la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito”, las decenas de miles de mujeres que se movilizan anualmente en los Encuentros Nacionales, los cientos de miles de argentinas y argentinos que desde hace una década firmamos petitorios en favor del tratamiento legislativo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y las decenas de diputadas y diputados de casi todos los bloques que han avalado con su firma este proyecto de ley – sin la firme voluntad política de la mujer que hace 8 años está al mando de esta Nación.

Somos conscientes de que el escenario político futuro no será fácil para las y los argentinos y deberemos defender muchos de los avances conquistados en la última década. Quienes firmamos esta carta queremos tener también la oportunidad de defender el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y recordar al mismo como una conquista popular lograda en los últimos meses de su gobierno, en un gesto de profundo respeto y compromiso para con las mujeres argentinas, saldando la gran deuda que esta democracia mantiene con todas ellas.

En la activa y movilizada espera de una respuesta favorable,

Atte.v

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